ECONOMÍA
Inunda corrupción a Junta Laboral
Leticia Rivera
(06 abril 2016) .-00:00 hrs
Entre dádivas, moches y talibanes opera la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Jalisco, según estudio a 400 patrones realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
Por ley, los servicios de conciliación entre trabajadores y patrones dentro de la instancia deben ser gratuitos, pero el estudio halló que el 55.9 de los empleadores afirmó que personal de la Junta exigió un pago por el servicio de notificar una audiencia.
La notificación es uno de los puntos medulares en la resolución de un caso, pues de ello depende que el proceso no se alargue.
MURAL documentó en junio de 2015 cómo los notificadores laborales eran sobornados, hasta con 100 pesos, para no presentar ésta y alargar los procesos para cobrar más.
La encuesta arrojó que un 59.9 por ciento de los encuestados dijo que se le exigió una dádiva para realizar algún trámite de embargo, en tanto que al 52 por ciento de los patrones, personal del tribunal laboral le pidió dinero para programar una audiencia, que no tiene ningún costo.
El estudio del Imco revela que 18 por ciento de los encuestados indicó que se les solicitó dinero para que el abogado de oficio le prestara sus servicios.
Esto abre la puerta al coyotaje y aumenta el riesgo de que los trabajadores buscando ayuda o asesoría caigan en con los abogados talibanes que, mediante falsos testimonios, ofrecen cobrar laudos millonarios en perjuicio de los patrones, explicó Ricardo Corona, representante legal del Imco.
Para Héctor Pizano, titular de la Secretaría de Trabajo, la corrupción en la JLCA se solventará con la nueva sede del tribunal laboral.
Por ley, los servicios de conciliación entre trabajadores y patrones dentro de la instancia deben ser gratuitos, pero el estudio halló que el 55.9 de los empleadores afirmó que personal de la Junta exigió un pago por el servicio de notificar una audiencia.
La notificación es uno de los puntos medulares en la resolución de un caso, pues de ello depende que el proceso no se alargue.
MURAL documentó en junio de 2015 cómo los notificadores laborales eran sobornados, hasta con 100 pesos, para no presentar ésta y alargar los procesos para cobrar más.
La encuesta arrojó que un 59.9 por ciento de los encuestados dijo que se le exigió una dádiva para realizar algún trámite de embargo, en tanto que al 52 por ciento de los patrones, personal del tribunal laboral le pidió dinero para programar una audiencia, que no tiene ningún costo.
El estudio del Imco revela que 18 por ciento de los encuestados indicó que se les solicitó dinero para que el abogado de oficio le prestara sus servicios.
Esto abre la puerta al coyotaje y aumenta el riesgo de que los trabajadores buscando ayuda o asesoría caigan en con los abogados talibanes que, mediante falsos testimonios, ofrecen cobrar laudos millonarios en perjuicio de los patrones, explicó Ricardo Corona, representante legal del Imco.
Para Héctor Pizano, titular de la Secretaría de Trabajo, la corrupción en la JLCA se solventará con la nueva sede del tribunal laboral.
