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Niegan citatorios en el caso Abilia

  • María Asunción Aramburuzabala acusó a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga, de extorsión por 5 millones de dólares. Foto: Archivo
Abel Barajas
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) no llamará a declarar, por lo menos durante algunos meses, a las 39 personas requeridas como testigos en la supuesta extorsión de 5 millones de dólares a la inmobiliaria Abilia, de María Asunción Aramburuzabala.

Un tribunal federal revocó y desechó en forma definitiva el amparo que en junio pasado había concedido el juez federal José Díaz de León Cruz a la inmobiliaria Abilia, en el cual ordenó interrogar a los vecinos de Teresa Adriana Pérez Romo, la esposa de Joaquín López-Dóriga.

El Octavo Tribunal Colegiado Penal tomó esta decisión, argumentando un cambio de situación jurídica en la averiguación previa, ya que el fallo de primera instancia fue dictado el 29 de junio, cuando la investigación aún estaba en instrucción.

El 8 de julio pasado, la PGJ-CDMX archivó la indagatoria y, por consecuencia, ya no había un margen jurídico para que este amparo pudiera continuar, porque los citatorios se giraron en una investigación ahora cerrada.

La defensa legal de la inmobiliaria, de hecho, presentó un nuevo juicio de amparo contra el último fallo de la Procuraduría, o sea, contra el no ejercicio de la acción penal, con el propósito de que la indagatoria sea reabierta.

Si la empresa logra ganar este último litigio, tendría la posibilidad de buscar nuevamente las comparecencias de los testigos.

La inmobiliaria tiene el interés de interrogar a los condóminos donde vive Pérez Romo, incluido a su esposo, porque el abogado al que denunciaron de extorsión, Mario Alberto Becerra Pocoroba, los representaba.

Documentos consultados del litigio indican que el 29 de octubre de 2015 comparecieron ante la PGJ Gabriela Torres Ramírez, Paloma Carrera Baños, Érika Mendoza Bergmans, Becerra Pocoroba y Pérez Romo.

Cuando el abogado se presentó ante el MP, exhibió una asamblea de condóminos en la que 17 vecinos acordaron iniciar acciones legales en contra del desarrollo que Abilia comenzó a edificar en Rubén Darío 225.

En el expediente, consta un video donde el litigante aparece solicitando 5 millones de dólares, algo que el propio Becerra luego aseguró que era parte de una negociación y no de una extorsión.

Abilia ha insistido en lo contrario, pues afirman que el dinero se solicitó para que no presentaran el juicio de lesividad, el cual sí se interpuso porque no hubo un pago, según la denuncia.
Hora de publicación: 00:00 hrs.

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