César Martínez.-
Familiares de personas desaparecidas, especialistas y hasta funcionarios de la Secretaría de Gobernación reprocharon a la Fiscalía General de la República (FGR) su rechazo al proyecto del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La Secretaria Olga Sánchez Cordero ordenó hacer pública la sesión del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), que se llevó a cabo el lunes pasado, donde también representantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia pidieron cambios al borrador presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
En sus observaciones previas, la FGR consideró necesario replantear el concepto de "derecho de toda persona a ser buscada", pues, dijo, una persona desaparecida no puede exigir un derecho del que no puede disponer por no gozar de su libertad, lo que generó indignación.
"Este párrafo en específico es insultante, es una grosería, es una afrenta, es una negativa de la lucha de tantos años de las familias", lazó Grace Fernández, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del SNBP y quien busca a su hermano desaparecido.
Mientras que el especialista Humberto Guerrero criticó que la FGR se escude en las facultades exclusivas de los Ministerios Públicos para no aceptar cierta responsabilidad en las labores de búsquedas.
Al respecto, Leticia Soto, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, explicó que la preocupación de los fiscales del País es que el protocolo de búsqueda transgreda el debido proceso y eso entorpezca la judicialización de los casos de desaparición de personas.
"Ésa es, en el fondo, la preocupación que yo he advertido en las opiniones que hemos recibido de una gran mayoría de las fiscalías y procuradurías", dijo.
"Me parece que se trata de un reto que podemos superar, generando en el protocolo los ajustes que sean necesarios para que las facultades de cada una de las instituciones queden debidamente delimitadas y podamos ir a procesos de judicialización exitosos".
Luego del respaldo de la Secretaria Olga Sánchez al protocolo que presentó la Comisión Nacional de Búsqueda, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que las funcionares de las autoridades sí están bien delimitadas.
"Es un protocolo de actuación del Estado, no solamente de la Fiscalía, con su nueva autonomía, o de la Comisión Nacional de Búsqueda o de las Fiscalías de los estados", dijo, y reprochó que en las últimas décadas sólo se tienen 24 sentencias por desaparición de personas, cuando en el País hay más de 60 mil desaparecidos.
Mientras que Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, explicó que algunas fiscalías sí dan acceso a las carpetas de investigación para poder obtener información para las búsquedas y otras no.
"Lo que tenemos que buscar es un protocolo, una herramienta, que sirva a todas las familias de personas desaparecidas para poder exigir a las instituciones de manera homologada en todo el País".
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, ofreció sentarse a revisar el proyecto del protocolo para sacarlo adelante.