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La reina de Sonora



Genaro Lozano
en REFORMA


En septiembre del 2015, Claudia Pavlovich asumió la gubernatura de Sonora con el mérito de haberle ganado a su contrincante por casi un 7% de diferencia. Desde entonces, es la única mujer gobernadora del país, la única que se sienta en el Club de Toby de la Conago. Sin embargo, el ascenso de Pavlovich no ha ayudado a la agenda de género en Sonora. Por el contrario, ha usado su posición para detener el avance de los derechos de la comunidad LGBT.

Desde que tomó el poder, la gobernadora rige como una reina, como la verdadera sultana del Norte. Tiene el control del Congreso, con 15 diputados del PRI y sus dos aliados de Nueva Alianza, así como del ayuntamiento de Hermosillo, con el presidente municipal Manuel Acosta, también del PRI. Esos apoyos le han servido a la gobernadora para impedir que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio en Sonora, pese a que ya se consiguió jurisprudencia en ese estado en el 2016.

El 11 de mayo del 2016, Martha Julissa Bojórquez, la directora del Registro Civil, reconoció que 12 parejas habían ganado ya amparos para contraer matrimonio en Sonora. Solo se necesitan 5 casos para sentar jurisprudencia. Desde entonces, la funcionaria anunció en rueda de prensa que las parejas que desearan contraer matrimonio civil, con todos los derechos y obligaciones, podían acudir al Registro Civil de los 72 municipios estatales sin necesidad de un amparo. El anuncio se realizó pocos días antes de que el presidente Peña Nieto presentara una iniciativa de ley federal para reconocer el matrimonio igualitario en México, en el marco del día nacional contra la homofobia. Los activistas sonorenses celebraron el anuncio, pero la fiesta duró poco.

Un día después del anuncio de Peña Nieto, Pavlovich corrigió a la directora del Registro Civil y anunció que solo con amparo permitiría los llamados matrimonios igualitarios. La reina de Sonora dijo tajante que ella respetaba la ley y que solo con amparos podrían casarse las parejas del mismo sexo.

En efecto, el Código de Familia del Estado de Sonora define a la familia en su artículo 2 como "la unión matrimonial o concubinaria de un hombre y una mujer", al tiempo que el Código Civil del estado habla en términos binarios del matrimonio y los cónyuges o concubinarios y excluye del derecho a reconocimiento legal a personas que viven con VIH-sida, a personas con "alcoholismo activo, adicción a sustancias psicotrópicas o estupefacientes, a personas con sífilis, enajenación mental y enfermedades crónicas o incurables". Todo un abanico de discriminación en su artículo 248.

La decisión de Pavlovich detuvo el avance del reconocimiento al matrimonio igualitario en Sonora sin que hubiese un solo contrapeso por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación. Solo los activistas de la organización Sonora Pride se quejaron y desde entonces han hablado con legisladores estatales para ver la posibilidad de una iniciativa de ley para reformar el Código de Familia y el Código Civil, pero sin éxito, según me dijo uno de sus integrantes.

Desde que Peña Nieto presentara su iniciativa hace ya casi un año, el activismo del Frente Nacional por la Familia, en alianza con el conservadurismo del PRI, han detenido la difusión del reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Hace siete años, la Ciudad de México reformó el Código Civil con la llamada Ley Razú y desde entonces un tercio de las legislaturas estatales han reformado sus leyes para reconocer el matrimonio igualitario, acatando las resoluciones de la Suprema Corte en ese sentido.

Hasta hoy ha sido la voluntad personal de los ejecutivos estatales la puerta principal que activistas LGBT han tenido que abrir para conseguir reformas legislativas. En Sonora, Claudia Pavlovich tiene la llave del candado de esa puerta, pero hoy la mantiene cerrada.

____________
@genarolozano


Politólogo por The New School for Social Research e Internacionalista por el ITAM. Profesor en la UIA desde el 2007 y en el ITAM (2005-2012). Coautor de varios libros académicos como Same Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La política exterior de México y ¿Qué es Estados Unidos? Analista político en CNN y el IMER. Conductor del programa Sin Filtro, en Televisa. Fue Subdirector de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica.

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Desde que tomó el poder, la gobernadora rige como una reina, como la verdadera sultana del Norte. Tiene el control del Congreso, con 15 diputados del PRI y sus dos aliados de Nueva Alianza, así como del ayuntamiento de Hermosillo, con el presidente municipal Manuel Acosta, también del PRI. Esos apoyos le han servido a la gobernadora para impedir que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio en Sonora, pese a que ya se consiguió jurisprudencia en ese estado en el 2016.

El 11 de mayo del 2016, Martha Julissa Bojórquez, la directora del Registro Civil, reconoció que 12 parejas habían ganado ya amparos para contraer matrimonio en Sonora. Solo se necesitan 5 casos para sentar jurisprudencia. Desde entonces, la funcionaria anunció en rueda de prensa que las parejas que desearan contraer matrimonio civil, con todos los derechos y obligaciones, podían acudir al Registro Civil de los 72 municipios estatales sin necesidad de un amparo. El anuncio se realizó pocos días antes de que el presidente Peña Nieto presentara una iniciativa de ley federal para reconocer el matrimonio igualitario en México, en el marco del día nacional contra la homofobia. Los activistas sonorenses celebraron el anuncio, pero la fiesta duró poco.

Un día después del anuncio de Peña Nieto, Pavlovich corrigió a la directora del Registro Civil y anunció que solo con amparo permitiría los llamados matrimonios igualitarios. La reina de Sonora dijo tajante que ella respetaba la ley y que solo con amparos podrían casarse las parejas del mismo sexo.

En efecto, el Código de Familia del Estado de Sonora define a la familia en su artículo 2 como "la unión matrimonial o concubinaria de un hombre y una mujer", al tiempo que el Código Civil del estado habla en términos binarios del matrimonio y los cónyuges o concubinarios y excluye del derecho a reconocimiento legal a personas que viven con VIH-sida, a personas con "alcoholismo activo, adicción a sustancias psicotrópicas o estupefacientes, a personas con sífilis, enajenación mental y enfermedades crónicas o incurables". Todo un abanico de discriminación en su artículo 248.

La decisión de Pavlovich detuvo el avance del reconocimiento al matrimonio igualitario en Sonora sin que hubiese un solo contrapeso por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación. Solo los activistas de la organización Sonora Pride se quejaron y desde entonces han hablado con legisladores estatales para ver la posibilidad de una iniciativa de ley para reformar el Código de Familia y el Código Civil, pero sin éxito, según me dijo uno de sus integrantes.

Desde que Peña Nieto presentara su iniciativa hace ya casi un año, el activismo del Frente Nacional por la Familia, en alianza con el conservadurismo del PRI, han detenido la difusión del reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Hace siete años, la Ciudad de México reformó el Código Civil con la llamada Ley Razú y desde entonces un tercio de las legislaturas estatales han reformado sus leyes para reconocer el matrimonio igualitario, acatando las resoluciones de la Suprema Corte en ese sentido.

Hasta hoy ha sido la voluntad personal de los ejecutivos estatales la puerta principal que activistas LGBT han tenido que abrir para conseguir reformas legislativas. En Sonora, Claudia Pavlovich tiene la llave del candado de esa puerta, pero hoy la mantiene cerrada.

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@genarolozano