Recibe en tu email las próximas
columnas de Alejandra Palacios Prieto

La corrupción en contrataciones públicas se alivia con competencia



Alejandra Palacios Prieto
en REFORMA


La corrupción alimenta el hartazgo de un importante número de mexicanos. Junto con los desafíos para el crecimiento económico y la lucha contra la inseguridad, la falta de integridad ha ido posicionándose entre las preocupaciones fundamentales de nuestra sociedad. No es para menos, puesto que la corrupción genera privilegios indebidos para unos cuantos a costa de la mayoría.

Uno de los modus operandi más constantes en las cadenas de corrupción se produce en las compras de gobierno. De acuerdo con la OCDE, la mitad de los casos de corrupción a nivel mundial se encuentran relacionados con procesos de adquisición y obra pública. Esto se debe básicamente a que hay grandes cantidades de dinero involucrado en las contracciones públicas y, al eliminar o simular la competencia, los proveedores favorecidos obtienen fácilmente los contratos gubernamentales.

En México son reiteradas las coberturas mediáticas que dan cuenta de procedimientos de contratación dirigidos y corrompidos en todos los órdenes de gobierno, derivados de la complicidad entre proveedores y funcionarios, o producto de pactos ilegales entre empresas para no competir entre sí con el fin de quedarse con dichos contratos. Ambas conductas son un robo al erario, pues implican el desvío de cuantiosos fondos públicos hacia los bolsillos de funcionarios y/o empresarios, generando sobreprecios sobre lo que contrata el gobierno, con graves implicaciones de daño patrimonial.

En este sentido, inyectar competencia y hacerla prevalecer en los procesos de compra gubernamental es una estrategia fundamental para combatir la corrupción. Cuando se asigna un contrato público bajo criterios de competencia, se igualan oportunidades entre proveedores y se reduce el riesgo de sobreprecios y el tráfico de influencias.

En la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) trabajamos a favor de dicha estrategia. Nuestra ley nos mandata a investigar y, en su caso, sancionar los casos de colusión, es decir, aquellos donde los proveedores del gobierno competidores entre sí se ponen de acuerdo para concertar posturas en concursos públicos. Justamente hace un par de meses impusimos una multa de 257 millones de pesos a cinco empresas proveedoras de guantes de látex en el sector salud -Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Galeno y Holiday de México-, las cuales durante seis años se repartieron varias de las licitaciones consolidadas del IMSS, para garantizarse el pago de sobreprecios.

También, hace unos días, sancionamos con más de 7 millones de pesos a cuatro proveedores de monitoreo de medios de comunicación que contratan los organismos públicos. Especialistas en Medios -una de esas empresas- coordinó, en al menos 24 procesos de compra, las propuestas técnicas y económicas, así como las cotizaciones que sus competidores debían presentar a las autoridades convocantes. Bajo esa práctica, se estimó un sobreprecio pagado a Especialistas de 14.5% en promedio. El beneficio para los agentes que ayudaban a Especialistas era que los subcontrataba o les asignaba un servicio relacionado.

Las sanciones impuestas por la COFECE solo han involucrado al sector privado. Idealmente, estos casos resueltos también deben ser revisados por la Secretaría de la Función Pública para determinar si en ellos, además de los privados, participaron funcionarios públicos como parte de una red de corrupción. A esta fecha, además de los casos citados, en la COFECE se investigan por colusión: posibles acuerdos ilegales entre empresas que participan en los procesos de adquisición de medidores de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); compras de cepillos dentales, condones y sondas de látex, así como de estudios de laboratorios y de banco de sangre que contrata el sector salud.

En cualquier caso, la colusión en los procesos de licitación es una práctica tan dañina que es pertinente que se modifique el marco jurídico de adquisiciones y obra pública, para que las empresas sancionadas por la COFECE por cometer esta conducta sean inhabilitadas y no participen en futuras licitaciones.

 
Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica
 
 
 
 
 


FOTOGALERIAS RELACIONADAS
GALERIA MULTIMEDIA RELACIONADAS
GRÁFICOS ANIMADOS RELACIONADOS
NOTAS RELACIONADAS