Para eliminar los privilegios económicos

Los mexicanos exigen a su clase política erradicar privilegios que solo benefician a unos cuantos en detrimento de la mayoría. En lo referente a la actividad económica, dichos privilegios son, comúnmente, consecuencia de regulaciones deficientes, sea porque impiden la participación de nuevos productores y otorgan ventajas exclusivas a cierto tipo de empresas, o porque restringen de manera indebida la oferta de bienes y servicios. Estas deficiencias se suman a los casos en donde la autoridad no aplica la regulación o la hace cumplir de manera selectiva a favor de algún grupo empresarial en específico. Todo ello explica la presencia de empresas con alto poder de mercado ante las cuales los consumidores quedan cautivos e indefensos; negocios sin incentivos para innovar y producir con mayor calidad y con mejores precios. Atender de fondo esta exigencia en la parte económica requiere de un impulso adicional por parte de autoridades, legisladores y reguladores para profundizar los alcances conseguidos hasta ahora en materia de competencia. De hecho, el proceso electoral que se avecina representa una oportunidad única para que el futuro Presidente de la República, la renovada configuración del Congreso de la Unión y un número considerable de nuevos representantes populares de orden estatal y municipal asuman la corresponsabilidad de asegurar condiciones de competencia en los mercados.