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El Cisen y el AGN



Sergio Aguayo
en REFORMA


A los archivistas, guardianes de nuestra historia.

 
El gobierno de Enrique Peña Nieto piensa que controlando la información resolverá los grandes problemas nacionales. Esa creencia lleva a excesos como el que están cometiendo la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Archivo General de la Nación (AGN).

Quienes leyeron La Charola saben que en el año 2000 el Cisen me autorizó a consultar los documentos de la mítica Dirección Federal de Seguridad (DFS). En 2002 ese material se hizo público gracias a Adolfo Aguilar Zinser, el consejero de Seguridad Nacional de Vicente Fox, muerto hace una década.

En el primer semestre de 2001 parecía que Fox sí crearía una comisión de la verdad sobre derechos humanos y otra sobre corrupción (aprobó los proyectos pero luego los archivó). Mientras elaborábamos ese proyecto informé a Adolfo que gracias al archivista de la DFS, Vicente Capello y Rocha, el acervo estaba organizado ¡y completo! Adolfo entendió su importancia y en julio concertó un breve encuentro con Fox. Le expliqué al Presidente la trascendencia de salvar el acervo para depositarlo en el AGN. Fox instruyó a Aguilar Zinser que lo salvaguardara y el 19 de febrero de 2002 se hizo la entrega formal al AGN de 4223 cajas con los archivos de la DFS y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales.

El Cisen puso como condición que Capello coordinara a los empleados del Cisen que manejarían el acervo en la Galería 1 del ex Palacio Negro de Lecumberri. En ese momento era una petición razonable porque sólo Capello entendía la compleja lógica de esa colección. Trece años después el Cisen sigue controlando la forma como se consultan esos papeles, lo cual es una sinrazón. En febrero de este año la responsable de la Galería 1, María Elizabeth Tecuatl Quechol, informó de un día para el otro que ya no se permitiría consultar directamente las fichas catalográficas (tarjetitas escritas a máquina) que son la llave para acceder al fondo documental.

Es una decisión absurda por dos razones. La primera tiene que ver con la importancia de la colección. Siempre pensé que los principales beneficiarios de esos documentos fueron las víctimas de la represión o sus familiares. Aurora Gómez Galvarriato (directora del AGN entre mayo de 2009 y septiembre de 2013) corrigió mi percepción en el transcurso de una larga plática.

Es una colección excepcional porque hay muy pocos fondos documentales en los archivos históricos sobre el periodo de existencia de la DFS (1947-1985) y porque hay un creciente interés entre los jóvenes historiadores por la segunda mitad del siglo XX. Pese a sus imprecisiones este acervo permite un acercamiento a la historia desde muchas perspectivas, incluso la cultural, y da una buena idea del tipo de régimen que existía.

La segunda, porque se trata de una decisión sin base legal. De acuerdo a la Ley General de Archivos los "documentos confidenciales" deben abrirse al público a los 30 años de la emisión del último documento. En agosto de este año se cumplen las tres décadas de desaparición de la DFS y el Cisen debería preocuparse por salirse de la Galería 1 y dejar de tomar decisiones que obstaculizan la investigación y mortifican a quienes dirigen y trabajan en el AGN.

En lugar de ello el Cisen se contagió del estado de ánimo de una Presidencia empeñada en regular la información porque considera que es la receta infalible para resolver sus limitaciones y errores como gobernantes. En este caso el Cisen y la Secretaría de Gobernación están echando atrás uno de los logros más concretos y visibles de la transición que, además, permite descifrar claves explicativas sobre lo que pasa ahora.

El director del Cisen y el secretario de Gobernación deberían asumir que la investigación histórica es incompatible con la obsesión peñanietista de modular lo que sabemos. Dejen en paz a la Galería 1 del Archivo General de la Nación. Respeten la historia y el libre acceso a ella.

 
 
· LA MISCELÁNEA
 
El Legislativo debe tomarse más en serio la protección de nuestros archivos. Tenemos una historia riquísima que se deteriora, en parte por los bajísimos presupuestos que le dedican. Es una vergüenza que en 2015 el AGN tenga un presupuesto de 84 millones (quité el gasto en construcción y las cuotas a organismos internacionales), mientras que el Partido Verde disfruta de 429 millones que utiliza para violar la ley y burlarse de la ciudadanía.

 
Colaboró Anuar I. Ortega Galindo.

 
www.sergioaguayo.org
 
 


Profesor de El Colegio de México donde coordina el Seminario sobre Violencia. Autor de docenas de libros y artículos académicos. Escribe en medios impresos desde 1971. Panelista de Primer Plano (Canal 11) y de la Mesa Política en el noticiero de Carmen Aristegui (MVS). Ha presidido y participado en diferentes organismos civiles.

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