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columnas de Ana Laura Magaloni Kerpel

Justicia a la medida



Ana Laura Magaloni Kerpel
en REFORMA


¿De qué se trata impartir justicia? ¿Qué genera un sistema de justicia que funciona bien? ¿Por qué en México hay una enorme demanda de justicia insatisfecha frente a la cual no parece haber una respuesta clara ni un camino a seguir para satisfacerla?

Estoy convencida que la justicia es un proceso que debe servir para reparar los vínculos sociales que se rompen con el conflicto. Cualquier conflicto genera rupturas, desde la disputa de una pareja por la custodia de sus hijos, hasta el deudor que no le paga a su acreedor. Ya ni se diga los conflictos propios de la justicia penal, como el secuestro o el robo con violencia. Empíricamente se ha demostrado que si el proceso judicial es percibido por las partes como justo -porque se sienten escuchadas, tratadas con respeto y de manera pareja y porque entienden qué está pasando- el resultado será mucho más legítimo y las partes acatarán la decisión del juez como una decisión razonable, adecuada, justa. La justicia es un complejo proceso de persuasión y no un mero acto de imposición. Y este proceso, cuando sucede correctamente, restablece el "engrudo social". Las partes y los ciudadanos tendremos la certeza de que en México se imparte justicia, y ello es crucial para podernos relacionar con otros a pesar de nuestras diferencias.

Estas rupturas sociales si no se reparan terminan fracturando la capacidad de cooperación, de asociación y de empatía entre las personas. También acaban mermando la confianza en la autoridad. Y todo ello va desmoronando la vida colectiva. El impacto de la falta de justicia no es trivial: la gobernabilidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza dependen en buena medida de la capacidad de las personas para asociarse, ayudarse y cooperar. En muchas partes del país, las rupturas sociales son cada vez más hondas y la justicia sería clave para comenzar a recomponerlas.

Esta reflexión surge a propósito del reporte denominado "Justicia a la medida" que presentó esta semana México Evalúa. Esta organización civil propone siete indicadores para medir la justicia penal en México. Cada uno de estos indicadores, salvo la tasa de homicidios, pone énfasis en el conjunto de interacciones que van teniendo las personas con cada una de las autoridades que intervienen para investigar y sancionar a quien delinque. La confianza en el juez, el MP y la policía; el trato que recibe la víctima en la agencia del MP, la presunción de inocencia del imputado, el juicio justo, la cárcel segura y digna, entre otros. México Evalúa no habla de tasa de impunidad ni de número de sentencias condenatorias. El énfasis está puesto en la experiencia de las víctimas y de los acusados con las autoridades del sistema. Ello me parece que es buen termómetro para comenzar a medir la capacidad del sistema penal para impartir justicia en el sentido al que me refiero, en donde la calidad del proceso es lo que legitima el resultado.

Esta brújula axiológica nos hizo falta en la implementación de la reforma penal. No se trata sólo de que los juicios se resuelvan en menos tiempo y a un menor costo como señaló el presidente Peña Nieto en un artículo de opinión que publicó esta semana en El Universal. Todo ello es relevante, pero el quid de la reforma penal es logar construir un sistema de persecución y enjuiciamiento penal al que le tengan confianza los ciudadanos y que esté en condiciones de impartir justicia. Según México Evalúa, la confianza ciudadana en las autoridades del sistema, en promedio nacional, es menos 6.9. Es decir, existen muchas más personas que desconfían del juez, el MP y la policía de aquellas que dicen confiar en estas autoridades. Nos guste o no, la transformación del sistema penal en México sigue siendo una asignatura pendiente o, en el mejor de los casos, un proceso inconcluso. ¿Quién se va a hacer cargo de ello cuando se supone que ya se implementó la reforma?

 
 
 


Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Magaloni es precursora en México de los estudios empíricos sobre las instituciones de justicia, con énfasis en la SCJN, el juicio de amparo y el sistema de persecución y enjuiciamiento penal mexicanos. Entre sus recientes publicaciones está "La Suprema Corte y la transición jurídica en México".

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