En el ejercicio del gasto público, el objetivo principal del Estado mexicano es maximizar los recursos, es decir comprar lo requerido en las mejores condiciones y precios. Una de las mejores formas para lograrlo es promover la participación de más empresas desde el diseño de las bases de licitación, y a partir de ahí poner los incentivos para que estas compitan agresivamente por ganarse el contrato. Si, por el contrario, se hacen reglas a modo, con requisitos que favorecen a alguien en particular, tiempos de entrega imposibles de cumplir, salvo para un participante, o se cierra la participación a ciertas empresas, se compromete el uso eficiente de los recursos.