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Pide CNDH anular expansión de delitos graves

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Foto: Archivo
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03 min 00 seg
Víctor Fuentes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar una reforma de febrero pasado por la que 45 modalidades de diversos delitos ameritan prisión preventiva forzosa.

La Ministra Margarita Ríos Farjat admitió a trámite el 26 de marzo la acción de la CNDH contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a otras ocho leyes federales y generales, con las cuales el Congreso aterrizó la reforma Constitucional de 2019 que incrementó el catálogo de delitos graves por los que el acusado no tiene derecho a libertad mientras lo juzgan.

Es apenas la segunda acción de la CNDH contra una reforma a leyes federales desde que Rosario Piedra Ibarra asumió la Presidencia de ese órgano a finales de 2019.

Según la CNDH, la reforma "vulnera el derecho a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia, pues los preceptos combatidos ordenan prima facie, al juez de la causa dictar siempre esta medida cautelar privativa de la libertad, cuando se trate de los ilícitos penales a que aluden las normas".

Agrega que con ello se rompen los estándares internacionales que señalan que la prisión preventiva debe ser excepcional, proporcional, modificable en el tiempo y no punitiva, pues el acusado no ha sido declarado culpable.

La reforma manda a la cárcel, por tiempo indefinido, a acusados por quince conductas relacionadas con robo de hidrocarburos, cinco modalidades de posesión, portación o acopio de armas prohibidas, siete acciones en materia de desaparición forzada, cuatro delitos electorales relacionados con uso de recursos y programas públicos, y cinco modalidades de delitos contra la salud.

También por feminicidio, robo a casa habitación, abuso sexual a menores, ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos, robo a transporte de carga, y enriquecimiento ilícito, este último, delito en el cual se invierte la carga de la prueba; es decir, el acusado tiene que probar el origen lícito de sus recursos.

La prisión preventiva forzosa está llenando de nuevo las cárceles. De enero a octubre de 2020, la población penitenciaria creció en 13 mil 840 personas, con lo que 42 por ciento de los internos no han sido sentenciados.

"Resulta evidente que las normas transgreden los derechos humanos, pues otorgan a las personas implicadas en los procesos un trato equivalente al de una persona culpable de la comisión de un ilícito penal, aun cuando todavía no se les ha dado la posibilidad de defenderse en el proceso, es decir, la prisión preventiva oficiosa hace las veces de una pena anticipada", afirmó Piedra Ibarra en su demanda.

Para fines prácticos, estas reformas han devuelto al País al estatus previo a la reforma de 2008, que estableció el sistema penal acusatorio, en el cual se iba a privilegiar el criterio del juez para decidir los casos que ameritan prisión preventiva.

La diferencia es que, en el viejo sistema inquisitorio, para llevar un caso ante el juez, las fiscalías tenían que presentar todos los elementos para probar la culpa del acusado, mientras que en el actual sistema, bastan algunos indicios para mandarlo meses o años a la cárcel.
Hora de publicación: 12:59 hrs.
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