Más de Reforma
Tienen Gaby y Fassi discreto inicio en el golf
Ganan niñas de 12 y 13 años preseas en skate
Anula sala de TEPJF elección de diputado en Zitácuaro
Indaga UIF a Fiscal de Guanajuato
Afirman que EU ofrecerá vacunas a migrantes en frontera
Sufre Jane Valencia descalabro en su debut en Tokio 2020
Invaden barras cancha y desatan violencia en Colombia
La agenda olímpica
Buscan, otra vez, desafuero de Huerta y Toledo
Estoy muy orgullosa de mí, hice mi prueba y competí.- Biles
Los casos de acoso del Gobernador de Nueva York
Empiezan los Diálogos Entremuros
¿Quieres recibir en tu correo electrónico un resumen noticioso de la sección Nacional?
Solo por hoy
Por los siguientes 3 días
Durante una semana

Procesan a dos por 'Estafa' de 156 mdp

  • En el nuevo proceso, el ex funcionario de la Sedesol y el ex rector de la UPT fueron imputados de suscribir un contrato de 156 millones 478 mil pesos. Foto: Bloomberg
ico_clock
03 min 00 seg
Abel Barajas
Un juez federal vinculó a proceso a un ex funcionario de la Sedesol y un ex rector de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por una presunta contratación indebida de más de 156 millones 478 mil pesos, en otro caso de la Estafa Maestra.

Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó ayer a Juan Manuel López Arroyo, ex titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, de la desaparecida Sedesol, y a Carlos Óscar Espinosa Castañeda, ex rector de la UPT, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El impartidor de justicia les concedió la libertad provisional, pero con la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la presentación mensual ante la Unidad de Supervisión y Seguimiento de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso.

Al mismo tiempo, el juzgador estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, mismo en el que tanto la defensa de los imputados, como la Fiscalía General de la República, reunirán sus datos de prueba.

La FGR recordó que para López Arroyo esta es ya la segunda causa penal en su contra, pues apenas el 24 de junio pasado lo vincularon a proceso por otro convenio supuestamente indebido, en este caso por más de 319 millones de pesos con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).

En el nuevo proceso, el ex funcionario de la Sedesol y el ex rector de la UPT fueron imputados de suscribir un contrato de 156 millones 478 mil pesos básicamente para los mismos fines que el mencionado.

Es decir, para que la casa de estudios revisara las obras y trabajos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con el propósito de consolidar la Planeación del Desarrollo Social Regional y Municipal.

Aunque este caso fue judicializado por separado, forma parte de una investigación que abarca tres convenios por 611 millones 711 mil 900 pesos, suscritos el 30 de enero de 2015 por la Sedesol con la UPT, la UTN y la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México.

La mecánica detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es exactamente la misma con las tres universidades, pues contrataron a 5 proveedores por una suma de 605 millones 302 mil 800 pesos, 99 por ciento del dinero que les depositó la Sedesol.

Según los hechos imputados, la subcontratación es superior al 49 por ciento máximo que permite la Ley de Adquisiciones y las auditorías además demostraron que no hay evidencias de que las empresas entregaran los servicios contratados por las universidades.

La indagatoria, además, descubrió que los 5 proveedores triangularon 591 millones 416 mil 900 pesos a seis personas físicas y 12 personas morales, sin una justificación alguna, pues a la fecha no se ha encontrado contrato, constancia de pagos o servicios entre esas entidades.

En el caso del convenio de 156 millones con la UPT, al individualizar la probable responsabilidad, el juez procesó a López Arroyo por contratar indebidamente servicios con recursos económicos públicos y solicitar el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.

En cuanto a Espinosa Castañeda, por ser parte de esa contratación indebida y ocasionar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por más de 156 millones, "ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación, contraviniendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia".
Hora de publicación: 15:48 hrs.

FOTOGALERIAS RELACIONADAS

GALERIA MULTIMEDIA RELACIONADAS

GRÁFICOS ANIMADOS RELACIONADOS

UN VISTAZO A LOS COMENTARIOS