IMAGÍNESE que el domingo llega a misa y se encuentra la iglesia tomada por la Guardia Nacional. Que el obispo de su ciudad está encarcelado e incomunicado. Que las monjas que atienden un orfanato fueron expulsadas del país. Y que, si es católico, muy probablemente sea considerado criminal por el gobierno. ¿Suena exagerado? Pues eso es justo lo que está pasando en Nicaragua.